La iniciativa, bautizada como «Operación Vanguard», implica la contratación de guardias de seguridad privados para patrullar las calles de Braintree, Colchester y Chelmsford. El servicio opera todos los días de diez de la mañana a seis de la tarde, con un costo cercano a las 118.000 libras esterlinas para este periodo de prueba.
Desde el gobierno local, liderado por el partido Reform UK, se defendió la medida argumentando que busca responder a preocupaciones de los vecinos sobre la seguridad en los espacios públicos. Esto ocurre tras los traslados frecuentes de personas migrantes desde una base militar cercana hacia estos centros urbanos.
Sin embargo, el plan ha generado un fuerte debate político y rechazo entre opositores locales. Diversos críticos señalan que la medida busca generar temor innecesario, ya que los registros de la policía local no muestran un incremento de la delincuencia vinculada a estas comunidades.
Por su parte, las autoridades aclararon que estos guardias privados no tienen poderes policiales y su única función es observar, disuadir conductas molestas y dar aviso a la policía oficial cuando sea necesario.
