El gobierno del Reino Unido evalúa una fuerte reforma legal para sancionar económicamente o con cárcel a los padres de menores que cometan delitos. Las medidas bajo análisis, confirmadas por el ministro de Justicia Juvenil, Jake Richards, incluyen la suspensión de ayudas sociales, multas económicas elevadas y penas de prisión de forma excepcional.
El plan busca endurecer las Órdenes de Parentalidad (Parenting Orders). Estas herramientas legales obligan a los tutores a asistir a cursos de conducta y apoyo familiar. Su uso judicial bajó drásticamente en los últimos años, pasando de más de mil casos anuales a menos de cuarenta. La intención del sistema judicial es devolver el control y la responsabilidad directa a los hogares para frenar el crimen callejero.
La propuesta tomó fuerza tras el informe oficial sobre el ataque con cuchillo ocurrido en Southport. Dicha investigación judicial expuso fallas graves y falta de límites en el entorno familiar del agresor, quien permitió la llegada de armas a la vivienda y no alertó a la policía a tiempo.
A pesar de las sugerencias internacionales de la Organización de las Naciones Unidas para elevar la edad de responsabilidad penal a los 14 años, las autoridades británicas confirmaron que se mantendrá la edad mínima de imputabilidad en los 10 años para no perder la confianza del público en la ley.
Organizaciones sociales advierten que recortar ingresos públicos a familias de escasos recursos económicos podría aumentar la pobreza y empeorar la exclusión de los menores vulnerables. El debate continúa abierto en el parlamento británico mientras se evalúan los costos de su aplicación general.
