Una investigación periodística reveló que 1.8 millones de personas en el Reino Unido reciben ayudas económicas por enfermedad sin pasar por ninguna revisión médica que confirme si aún necesitan el apoyo del Gobierno. La falta de personal y recursos ha dejado al sistema de bienestar en una crisis de retrasos sin precedentes.
El Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP) tiene acumulados dos tercios de las evaluaciones de salud obligatorias. Actualmente, la espera media para una revisión supera los dos años, aunque se han detectado casos extremos de personas que pasaron hasta 16 años sin ser citadas. Esta paralización comenzó en 2020, cuando las citas presenciales se suspendieron por la pandemia de covid-19 y el proceso jamás se recuperó del todo.
La situación preocupa a los expertos económicos debido a que el sistema apenas logra reincorporar a los beneficiarios al mercado laboral. Los datos oficiales muestran que sólo el 0.3% de quienes reciben estas prestaciones consigue dejar de depender de la ayuda pública para volver a trabajar. Además, preocupa el relevo generacional de la dependencia: casi un millón de los afectados tiene menos de 35 años.
La administración pública argumenta que el colapso se debe al aumento histórico de nuevas solicitudes, la mayoría ligadas a problemas de salud mental. Al dar prioridad a los nuevos casos, el control de los expedientes antiguos ha quedado congelado.
De no aplicarse reformas inmediatas, las proyecciones indican que el número de personas en esta situación subirá a cuatro millones para el año 2030. El coste anual para el Estado se elevaría entonces hasta los 120,000 millones de libras. Ante esta realidad, el Gobierno británico ya diseña un plan urgente de reformas laborales y sanitarias para reactivar el control de las ayudas y reducir el desempleo de larga duración.
