Nigel Farage, líder del partido británico Reform UK, presentó un plan migratorio que propone suspender el sistema de asilo del Reino Unido durante cinco años y deportar a unas 90.000 personas con solicitudes pendientes o rechazadas. La iniciativa busca endurecer el control fronterizo y cambiar las normas que regulan la protección de quienes solicitan refugio en el país.
El plan fue presentado en Kent y contempla declarar una «emergencia de seguridad nacional» para justificar medidas más estrictas contra la inmigración irregular. Entre las principales propuestas figura cancelar las solicitudes de asilo que todavía están en proceso y acelerar las expulsiones de las personas afectadas.
Cancelación de solicitudes y deportaciones
La propuesta de Reform UK plantea enviar a los solicitantes a sus países de origen o trasladarlos a terceros países considerados seguros. Sin embargo, la aplicación de estas medidas dependería de las circunstancias de cada caso y de los obstáculos legales que pudieran surgir.
Farage sostiene que el sistema actual necesita cambios profundos para reducir las llegadas irregulares y reforzar la capacidad del Gobierno para expulsar a quienes no tienen derecho a permanecer en el territorio británico.
El plan también contempla revisar los permisos de asilo concedidos durante los últimos cinco años. Según el partido, esta medida permitiría identificar a personas cuyos permisos podrían ser retirados y facilitar la expulsión de hasta 400.000 personas que, de acuerdo con sus estimaciones, permanecen en el país sin autorización o después de que vencieran sus visados.
Los ciudadanos ucranianos que llegaron al Reino Unido tras la invasión rusa de 2022 quedarían excluidos de la suspensión del sistema de asilo anunciada por Farage.
Abandonar la Convención Europea de Derechos Humanos
Otra de las medidas más controvertidas es la propuesta de abandonar la Convención Europea de Derechos Humanos, un tratado que protege derechos fundamentales y establece límites a las actuaciones de los Estados.
Reform UK considera que los compromisos legales actuales dificultan la aplicación de su política migratoria. Por ello, Farage plantea cambiar el marco jurídico para facilitar las deportaciones y reducir los obstáculos que, según su partido, impiden ejecutar las expulsiones.
Además, la formación propone imponer sanciones comerciales a los países que se nieguen a recibir a sus ciudadanos deportados. El objetivo sería presionar a esos gobiernos para que colaboren con las autoridades británicas en los procesos de retorno.
Estas propuestas podrían tener consecuencias jurídicas y diplomáticas. Las deportaciones deben respetar las obligaciones legales aplicables, incluidas las protecciones frente a la devolución de personas a lugares donde puedan sufrir persecución, tortura u otros daños graves.
Críticas por las consecuencias humanitarias
El plan ha generado preocupación entre organizaciones de ayuda a los refugiados, que advierten de los riesgos de cancelar solicitudes sin examinar las circunstancias individuales de cada persona.
Los procedimientos de asilo permiten evaluar si alguien necesita protección por motivos como la persecución, los conflictos armados o las amenazas contra su seguridad. Una suspensión general del sistema podría afectar a personas que todavía esperan una decisión sobre sus casos.
La propuesta también ha recibido críticas políticas por las dificultades que supondría llevarla a la práctica. La retirada de permisos, las deportaciones y los cambios en las obligaciones internacionales podrían dar lugar a impugnaciones judiciales y generar desacuerdos con otros países.
Aunque Reform UK defiende que su plan permitiría recuperar el control de las fronteras, su aplicación dependería de cambios legales, recursos administrativos y acuerdos para recibir a las personas expulsadas.
La inmigración, en el centro del debate británico
La iniciativa de Farage refuerza la inmigración como uno de los principales asuntos de la política británica. El líder de Reform UK busca impulsar una estrategia mucho más restrictiva, mientras sus críticos cuestionan tanto su viabilidad como sus consecuencias para los derechos de los solicitantes de protección internacional.
Las próximas elecciones generales del Reino Unido deberán celebrarse, como máximo, en 2029. Hasta entonces, el control fronterizo, las solicitudes de asilo y las deportaciones previsiblemente seguirán ocupando un lugar destacado en el debate político.
La principal incógnita es si las propuestas de Reform UK podrían convertirse en medidas aplicables o si sus obstáculos legales, económicos y diplomáticos limitarían su alcance. El debate enfrenta dos cuestiones centrales: cómo controlar la inmigración y cómo garantizar que las decisiones del Estado respeten la ley y los derechos fundamentales.
