Un hombre de 29 años fue condenado en el Reino Unido tras cometer una agresión sexual contra dos menores, apenas dos días después de haber recibido una vivienda financiada con fondos públicos.
El agresor, identificado como Mohammed Abbas, llegó al país en una embarcación pequeña a través del Canal de la Mancha. Tras su llegada, el sistema judicial lo procesó por un delito anterior y cumplió una breve condena en prisión.
Al salir en libertad, las autoridades locales le asignaron una casa pagada con los impuestos de los ciudadanos. Según los reportes judiciales, pocos días después de instalarse en el inmueble, cometió el ataque contra las dos niñas.
El caso generó un intenso debate público sobre los protocolos de control y la gestión de la vivienda social para personas que llegan al país en situación irregular. Diversos sectores criticaron la falta de filtros adecuados en el proceso de reubicación, señalando fallas en la protección de las comunidades locales.
Durante el proceso legal, el caso llegó al Tribunal de Magistrados de Coventry (Coventry Magistrates’ Court), donde se celebró la audiencia de sentencia el 14 de julio. En dicha vista, el tribunal le impuso una pena de 300 horas de servicio comunitario y una multa de 100 libras esterlinas, después de que algunos cargos iniciales fueran retirados por falta de pruebas.
Organizaciones comunitarias y líderes políticos han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de revisar los criterios de antecedentes penales antes de otorgarle vivienda social a ciudadanos extranjeros recién llegados. Por su parte, el ayuntamiento implicado indicó que colaborará en las revisiones necesarias para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
