Más de 70.000 presos han quedado en libertad anticipada en Inglaterra y Gales tras la aplicación de un plan de emergencia impulsado por el Gobierno británico para descongestionar las cárceles.
La medida, implementada para evitar el colapso del sistema penitenciario, permite a ciertos reclusos cumplir sus condenas fuera de prisión tras completar el 40 % de su tiempo en prisión, en lugar del 50 % habitual. Los beneficiarios deben continuar su proceso bajo supervisión judicial, vigilancia electrónica y libertad condicional.
El Ministerio de Justicia justificó la decisión señalando que las prisiones estaban rozando el límite de su capacidad, lo que amenazaba con paralizar el trabajo de los tribunales y las fuerzas de seguridad.
Para proteger a la ciudadanía, la norma excluye a personas condenadas por delitos graves de violencia, abusos sexuales, violencia machista y terrorismo.
A pesar de estas restricciones, la medida ha generado preocupación entre las víctimas y las asociaciones de personal de prisiones. Estos grupos advierten que los servicios de vigilancia no cuentan con el personal ni los recursos suficientes para supervisar de forma segura a miles de exprisioneros de manera simultánea.
Las autoridades defienden el plan como una solución urgente para reformar el sistema penitenciario y garantizar la seguridad pública a largo plazo.
