El Gobierno laborista del Reino Unido ha anunciado este lunes una reforma integral del sistema de inmigración legal, con el objetivo de reducir significativamente el número de extranjeros que ingresan al país. La propuesta incluye nuevas exigencias en materia de idioma, visados y condiciones para la obtención de la ciudadanía británica.
El primer ministro Keir Starmer ha revelado este paquete de medidas apenas diez días después del avance del partido Reform UK, liderado por Nigel Farage, en las recientes elecciones locales parciales en Inglaterra. El auge del partido populista de derechas y abiertamente contrario a la inmigración ha intensificado la presión política sobre el Ejecutivo laborista.
Entre 2019 y 2023, la migración neta —la diferencia entre quienes llegan y quienes abandonan el país— se cuadruplicó, alcanzando cifras que, en palabras de Starmer, equivalen a la población de Birmingham, la segunda ciudad más grande del Reino Unido.
Las medidas se recogen en un libro blanco publicado este lunes, del que destacan las siguientes propuestas:
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Endurecimiento del acceso a la ciudadanía: Se eliminará el derecho automático a solicitar la nacionalidad tras cinco años de residencia legal. En adelante, se requerirá una permanencia mínima de diez años, aunque el proceso podrá acelerarse para profesionales clave como enfermeros, médicos e ingenieros.
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Mayor exigencia lingüística: Se incrementará el nivel de inglés requerido para todas las rutas migratorias. Por primera vez, esta exigencia también se aplicará a los adultos dependientes de los solicitantes principales, quienes deberán demostrar competencia en el idioma.
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Restricción en el sector de cuidados: Se prohibirá la contratación internacional de trabajadores para el sector de la dependencia y los cuidados.
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Aumento de tasas para empleadores: Las empresas que patrocinen a trabajadores extranjeros deberán pagar una tasa un 32 % más alta que la actual.
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Visados vinculados a cualificación universitaria: Los nuevos visados de trabajo exigirán una titulación universitaria, revirtiendo así el sistema vigente que facilitó la entrada de trabajadores menos cualificados entre 2021 y 2024.
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Acceso restringido para ocupaciones de baja cualificación: Solo se permitirá la inmigración en estos sectores si existe evidencia clara de escasez de mano de obra.
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Control académico más estricto: Se endurecerán los criterios de admisión para universidades que ofrezcan plazas a estudiantes internacionales.
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Reducción del periodo de estancia postgraduación: El tiempo permitido para que los estudiantes extranjeros permanezcan en el país tras finalizar sus estudios se reducirá de dos años a 18 meses.
Según las cifras más recientes, la migración legal neta alcanzó las 728.000 personas en los 12 meses previos a junio de 2024. No obstante, el plan presentado no contempla medidas específicas para abordar la inmigración irregular, como la de quienes cruzan el canal de la Mancha en embarcaciones precarias. En lo que va de año, un total de 11.516 personas han realizado esta peligrosa travesía, según datos oficiales.
